Seis alcaldías panistas acusadas de corrupción en Hidalgo

En medio de la controversia, Erick Marte Rivera, Pascual Charrez, Raúl Camacho, María Antonieta de los Ángeles Anaya, María Antonieta Herrera y Yolanda Tellería.

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Seis alcaldías panistas acusadas de corrupción en Hidalgo

Entre la generación de autoridades municipales emanadas del Partido Acción Nacional (PAN) que este viernes concluyen su encargo público, destaca la presunta corrupción y violencia política de género como común denominador.

Seis alcaldías panistas acusadas de corrupción en Hidalgo:

El caso del alcalde de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva, es el más destacado, toda vez que fue ubicado y difundido a nivel nacional como uno de los objetivos delincuenciales más buscado por el Gobierno federal en Hidalgo.

El también exdiputado federal es investigado por la venta de enervantes y brindar protección a grupos criminales. Ya antes, quien fuera su jefe policiaco había sido detenido en dos ocasiones, una por secuestro agravado.

En Ixmiquilpan, Pascual Charrez Pedraza arribó a la presidencia municipal por el blanquiazul aunque posteriormente se enroló en el Partido del Trabajo (PT), donde recientemente rindió protesta como integrantes de la Coordinadora Estatal.

También fue exhibido el pasado 18 de junio como uno de los 17 objetivos más peligrosos de la entidad, igualmente ligado con aquella célula criminal y siempre señalado públicamente de permitir el incremento de la violencia en su zona.

El presidente municipal de Mineral de la Reforma, Raúl Camacho Baños, fue detenido el viernes 28 de agosto por el presunto delito de uso indebido de atribuciones, pero alegó afectaciones cardiacas para posponer su vinculación.

Además, su administración tenía aún por comprobar 13 millones 234 mil 799 pesos emanados de 12 observaciones económicas correspondientes al informe general de la Cuenta Pública 2018, según datos de febrero de ese año.

A tres días de concluir su encargo, la alcaldesa de Apan, María Antonieta de los Ángeles Anaya Ortega, solicitó un amparo contra alguna orden de aprehensión que haya emitido alguno de los jueces penales de control de Pachuca o Apan.

La presidenta municipal, que busca evitar alguna acción judicial y de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH), fue señalada en 2017 por incrementarse el sueldo a 80 mil pesos mensuales y subejercer 17 millones de pesos.

En el caso de Atitalaquia, la presidenta María Antonieta Herrera Jiménez fue señalada por la regidora opositora Myriam Navarrete Ramírez, de amenazarla con desaparecerla por contrariar su voluntad al interior de la asamblea municipal.

La regidora dijo temer por su vida, ya que la demarcación era una de las que más feminicidios reportaba y podría engrosar la estadística. A consecuencia, la alcaldesa fue recriminada por incurrir en violencia política de género.

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